En Venezuela, habitantes de Guasdualito, El Amparo y zonas fronterizas con Arauca, en el estado Apure, pidieron una revisión imparcial de un caso.
La comunidad hizo pública su preocupación ante presuntos actos de violencia, persecución y amedrentamiento relacionados con personas vinculadas a la situación.
La alerta surgió luego de que Elizabeth Mendoza difundiera una carta abierta dirigida a autoridades regionales y judiciales.
Entre los funcionarios mencionados están el gobernador de Apure, Wilmer Rodríguez, y el fiscal superior del estado, Hermes Eduardo Juárez Miranda.
Solicitud de intervención
Según la información difundida, la carta solicitaba una intervención transparente, justa y sin coacciones para revisar la situación jurídica y personal.
El caso involucra a Fanny Colmenares y a Mileidis Mendoza, esta última señalada como madre soltera de seis hijos.
Los denunciantes aseguran que, después de hacerse pública la solicitud de imparcialidad, comenzaron a registrarse situaciones que generaron preocupación.
Entre los hechos mencionados aparecen presuntos amedrentamientos, persecuciones y actos violentos contra personas relacionadas con el caso.
Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las denuncias difundidas por los afectados y deben ser investigados por las autoridades correspondientes.
Piden protección para una madre y sus hijos
Ante esta situación, los afectados solicitaron que se activen medidas de protección integral para Mileidis Mendoza y sus seis hijos.
La petición busca garantizar la seguridad de la familia y evitar posibles represalias mientras las autoridades revisan los hechos denunciados.
También se solicitó que el proceso sea desarrollado respetando el debido proceso y la imparcialidad.
Los habitantes de las comunidades involucradas pidieron que las instituciones competentes conozcan directamente la situación.
Autoridades señaladas
Entre los funcionarios a quienes fue dirigido el llamado público se encuentra Wilmer Rodríguez, gobernador del estado Apure.
También fue mencionado Hermes Eduardo Juárez Miranda, fiscal superior de la entidad.
La solicitud incluye además a Larry Devoe Márquez, fiscal general de la República, y a Elsys Guerrero, fiscal encargada de la causa.
Los denunciantes esperan que las autoridades revisen las circunstancias expuestas y determinen qué ocurrió realmente.
La comunidad pide una investigación
Los habitantes de Guasdualito, El Amparo y sectores fronterizos con Arauca mantienen su llamado para que el caso sea atendido.
La principal petición es que cualquier denuncia relacionada con los involucrados sea investigada de manera objetiva.
También reclaman que se garantice la protección de las personas que pudieran encontrarse en situación de riesgo.
Por ahora, los hechos denunciados permanecen bajo señalamiento de los afectados, mientras se espera una respuesta de las autoridades competentes.
La comunidad insiste en que la investigación debe determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si existieron actos de intimidación o violencia.
El caso ha generado preocupación entre habitantes de la zona, quienes solicitan que las instituciones actúen conforme a la ley.